LA UNION (LU) acusó al Gobierno de Cantabria de “ser cooperador y cómplice de la estafa sufrida por Cantabria, y pagada por todos los ciudadanos” en el escándalo de la fábrica de fibroyeso, GFB, de Orejo.Rafael Sebrango, Presidente de la formación de regeneración, señaló que “ahora que empiezan a conocerse los pormenores del asunto del fibroyeso, es evidente la responsabilidad en la estafa del Gobierno de Cantabria, más allá de la estrictamente política”.
En este sentido, desde LA UNION (LU) desvelan que el Gobierno de Cantabria “expropió terrenos, que luego vendió, consintió que le fueran impagados, y no hizo ninguna gestión para procurar la recuperación del dinero así tirado de los impuestos de los cántabros”.
Parte de los más 107.000 metros cuadrados afectados por el PSIR aprobado por el Gobierno Regional para instalar la fábrica de fibroyeso, fueron expropiados, y la otra parte comprados con dinero público.
El terreno expropiado suma 44.189 metros cuadrados, y “al haber transcurrido ya 5 años, y no haberse puesto en marcha la fábrica de fibroyeso, que fue la causa de la expropiación, puede ser reclamado por sus dueños originales.”
“Lo más grave”, según Sebrango, “no es que los expropiados puedan recuperar sus terrenos, lo más grave es que el resto del terreno fue comprado y pagado por el Gobierno Regional, y ahora ya no lo vamos a poder recuperar nunca”.
“Nuestro Gobierno ha tirado nuestro dinero a sabiendas, y ha colaborado activamente en que jamás podamos recuperar los cántabros el dinero público hecho desaparecer”, acusan desde LA UNION (LU).
El hecho insólito es que tanto los terrenos expropiados como los comprados con dinero público, fueron luego vendidos a GFB, “y el Gobierno consintió en que fuera impagada la compra, y ni siquiera hizo gestión alguna para recuperar el dinero público así desaparecido”.
En este sentido, una vez declarada la sociedad, constituida entre el grupo empresarial de Costa Rica y el Gobierno Regional de Cantabria, en Concurso de Acreedores, los propios administradores concursales, nombrados por el Juzgado “han informado que la compraventa resultó impagada, y han hecho constar que el Gobierno Regional no hizo gestión alguna de reclamación por el impago”
Sebrango relató que, una vez expropiados parte de los terrenos y comprado el resto, con dinero público, el 1 de Diciembre de 2005, en una Notaría de Santander, el Gobierno Regional de Cantabria, a través de la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) procedió a vender a GFB todos los terrenos, por un importe escriturado de 3.217.643,33 €, que se pagaría a través de sucesivos pagarés, debiendo estar completamente pagados los terrenos al Gobierno de Cantabria el 17 de Octubre de 2009.
Pero, como asevera el representante de LA UNION (LU), “los terrenos no fueron pagados, y los pagarés sucesivos fueron todos devueltos por el banco, con el consentimiento explícito del Gobierno Regional de Cantabria, que no hizo gestión alguna para exigir el pago de lo vendido”.
Por tanto, “el Gobierno Regional tuvo tiempo suficiente para reclamar el pago de lo adeudado al Erario Público de todos los cántabros, entre Diciembre de 2005 y Octubre de 2009”, acusan “estuvo 4 años, con pagarés devueltos guardados en el cajón, amparando a los deudores de todos los cántabros, permitiéndoles que disfrutaran de unos terrenos pagados con dinero público, sin hacer gestión alguna para reclamar una deuda, que ya jamás recuperaremos los ciudadanos, que al fin, somos los que pagamos los terrenos”.
“A ningún ciudadano el Gobierno Regional nos perdona ninguna deuda, pero a los caraduras de GFB sí”, se quejan en LA UNION (LU).
“Esta es una colosal estafa, que sólo ha sido posible gracias a la actividad del Gobierno de Cantabria, que además de permitirla la ha amparado, y el hecho de ni siquiera reclamar el impago de los terrenos, durante cuatro años es una buena muestra de ello”, señaló Sebrango.
“Los terrenos impagados jamás serán ni pagados ni devueltos a los ciudadanos de Cantabria, que deberemos además indemnizar a los que sufrieron la expropiación”, finalizó “esos terrenos son de los acreedores de GFB, y jamás recuperaremos los impuestos así tirados a la basura por el Gobierno Regional de Cantabria”.
En este sentido, desde LA UNION (LU) desvelan que el Gobierno de Cantabria “expropió terrenos, que luego vendió, consintió que le fueran impagados, y no hizo ninguna gestión para procurar la recuperación del dinero así tirado de los impuestos de los cántabros”.
Parte de los más 107.000 metros cuadrados afectados por el PSIR aprobado por el Gobierno Regional para instalar la fábrica de fibroyeso, fueron expropiados, y la otra parte comprados con dinero público.
El terreno expropiado suma 44.189 metros cuadrados, y “al haber transcurrido ya 5 años, y no haberse puesto en marcha la fábrica de fibroyeso, que fue la causa de la expropiación, puede ser reclamado por sus dueños originales.”
“Lo más grave”, según Sebrango, “no es que los expropiados puedan recuperar sus terrenos, lo más grave es que el resto del terreno fue comprado y pagado por el Gobierno Regional, y ahora ya no lo vamos a poder recuperar nunca”.
“Nuestro Gobierno ha tirado nuestro dinero a sabiendas, y ha colaborado activamente en que jamás podamos recuperar los cántabros el dinero público hecho desaparecer”, acusan desde LA UNION (LU).
El hecho insólito es que tanto los terrenos expropiados como los comprados con dinero público, fueron luego vendidos a GFB, “y el Gobierno consintió en que fuera impagada la compra, y ni siquiera hizo gestión alguna para recuperar el dinero público así desaparecido”.
En este sentido, una vez declarada la sociedad, constituida entre el grupo empresarial de Costa Rica y el Gobierno Regional de Cantabria, en Concurso de Acreedores, los propios administradores concursales, nombrados por el Juzgado “han informado que la compraventa resultó impagada, y han hecho constar que el Gobierno Regional no hizo gestión alguna de reclamación por el impago”
Sebrango relató que, una vez expropiados parte de los terrenos y comprado el resto, con dinero público, el 1 de Diciembre de 2005, en una Notaría de Santander, el Gobierno Regional de Cantabria, a través de la empresa pública SICAN (Suelo Industrial de Cantabria) procedió a vender a GFB todos los terrenos, por un importe escriturado de 3.217.643,33 €, que se pagaría a través de sucesivos pagarés, debiendo estar completamente pagados los terrenos al Gobierno de Cantabria el 17 de Octubre de 2009.
Pero, como asevera el representante de LA UNION (LU), “los terrenos no fueron pagados, y los pagarés sucesivos fueron todos devueltos por el banco, con el consentimiento explícito del Gobierno Regional de Cantabria, que no hizo gestión alguna para exigir el pago de lo vendido”.
Por tanto, “el Gobierno Regional tuvo tiempo suficiente para reclamar el pago de lo adeudado al Erario Público de todos los cántabros, entre Diciembre de 2005 y Octubre de 2009”, acusan “estuvo 4 años, con pagarés devueltos guardados en el cajón, amparando a los deudores de todos los cántabros, permitiéndoles que disfrutaran de unos terrenos pagados con dinero público, sin hacer gestión alguna para reclamar una deuda, que ya jamás recuperaremos los ciudadanos, que al fin, somos los que pagamos los terrenos”.
“A ningún ciudadano el Gobierno Regional nos perdona ninguna deuda, pero a los caraduras de GFB sí”, se quejan en LA UNION (LU).
“Esta es una colosal estafa, que sólo ha sido posible gracias a la actividad del Gobierno de Cantabria, que además de permitirla la ha amparado, y el hecho de ni siquiera reclamar el impago de los terrenos, durante cuatro años es una buena muestra de ello”, señaló Sebrango.
“Los terrenos impagados jamás serán ni pagados ni devueltos a los ciudadanos de Cantabria, que deberemos además indemnizar a los que sufrieron la expropiación”, finalizó “esos terrenos son de los acreedores de GFB, y jamás recuperaremos los impuestos así tirados a la basura por el Gobierno Regional de Cantabria”.
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