La concejal de Asamblea Ciudadana por Torrelavega, Esther García, ha advertido hoy que la implantación del servicio de transporte urbano en la ciudad podría retrasarse al menos dos años por un conflicto surgido en la subrogación de contratos de la nueva empresa adjudicataria.Dos de los cinco trabajadores que vienen prestando sus servicios en un línea urbana de Autobuses Palomera no formarán parte de la plantilla de la empresa adjudicataria de este servicio, puesto que a criterio del Técnico de Movilidad Urbana sólo tres personas pueden considerarse adscritas a la misma.
Desde ACPT no consideran convincentes las razones y criterios aportados por los técnicos municipales y señalan que los dos trabajadores afectados se encuentran en peligro de exclusión social.
"A mi juicio, los fundamentos del técnico son muy subjetivos, no son suficientemente convincentes. Hay un afán desmedido de ahorro mal entendido que va a repercuttir sobre la calidad del servicio pues debe garantizarse una plantilla suficiente para atender permisos, descansos y vacaciones que no se han tenido en cuenta y además estos trabajadores tienen una edad muy alta para encontrar un nuevo trabajo", señaló Esther García.
Advierte ACPT que si estos trabajadores acuden a los Tribunales en defensa de sus derechos la implantación del transporte urbano en Torrelavega podría quedar paralizada como mínino dos años.
ACPT se ha dirigido mediante un escrito al concejal de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Pedro Aguirre, en el que pide que el Ayuntamiento reconsidere su decisión de excluir a estos dos trabajadores.
Desde ACPT no consideran convincentes las razones y criterios aportados por los técnicos municipales y señalan que los dos trabajadores afectados se encuentran en peligro de exclusión social.
"A mi juicio, los fundamentos del técnico son muy subjetivos, no son suficientemente convincentes. Hay un afán desmedido de ahorro mal entendido que va a repercuttir sobre la calidad del servicio pues debe garantizarse una plantilla suficiente para atender permisos, descansos y vacaciones que no se han tenido en cuenta y además estos trabajadores tienen una edad muy alta para encontrar un nuevo trabajo", señaló Esther García.
Advierte ACPT que si estos trabajadores acuden a los Tribunales en defensa de sus derechos la implantación del transporte urbano en Torrelavega podría quedar paralizada como mínino dos años.
ACPT se ha dirigido mediante un escrito al concejal de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, Pedro Aguirre, en el que pide que el Ayuntamiento reconsidere su decisión de excluir a estos dos trabajadores.
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