La Unión Comarcal Saja-Besaya de USO, a través de Justino Sánchez Gil, aseguró hoy que el TSJC ha dictaminado con absoluta claridad que la sanción al delegado sindical Rafael Musy ha sido realizada con parcialidad y negando al policía local la posibilidad de defenderse, prescindiendo de cualquier garantía jurídica en el procedimiento.Para Sánchez Gil, esta persecución supone el último eslabón con que el Ayuntamiento enfrentó las reclamaciones de los policías locales, cuando en lugar por apostar por el diálogo optó por perseguir e intentar amedrentar a los policías que se enfrentaban a la mordaza del silencio impuesta por UGT.
Para el secretario comarcal de Unión Sindical Obrera, primero intentaron impedir las concentraciones de policías y no pudieron evitarlo.Luego pretendieron criminalizar a los agentes con un expediente en el ámbito penal y administrativo (en este último caso fue desestimada). Más tarde, la impotencia la deshaogaron con la el impago a los policías de las horas extraordinarias realizadas durante la pasada patrona a un buen número de agentes (este hecho fue estimado por la Justicia a favor del sindicato).Y todo ello unido a las actuaciones del presunto concejal llamado de la mano negra que, con una actitud vergonzante, pretendió dividir y coaccionar a los policías.
Por el camino se ensañaron con Rafael Musy buscando su aniquilación como funcionario, con tantas prisas que el instructor del equipo de Gobierno, el tesorero municipal, Casimiro López, asumió la acusación realizada por la alcaldesa, sin margen para valorar su propia acusación, lo que finalmente ha llevado a la nulidad de las actuaciones.
Para Sánchez Gil, con esta última sentencia quedfa una vez más en evidencia este equipo de Gobierno y especialmente el concejal de policía, Pedro Aguirre y la alcalñdesa, Blanca Rosa Gómez Morante. La falta de talnte negociador, el sectarismo y la metodología represora de quien se autocalifica de obrero es lo suficientemente importante como para que no permanezcan un sólo día más ostentand la representación ciudadana.
Por su parte el abogado defensor de Musy, Cristóbal Palacio Ruiz, explicó hoy que la sentencia no entra en el fondo del asunto. No cabe el argumento que utiliza el Ayuntamiento de que el sancionado se ha librado por un defecto formal sino que la situación es que el sancionado no debiera haber sido nunca condenado y que únicamente fue condenado porque se siguió un procedimiento tan limitado en sus garantías que no le dieron oportunidad a defenderse y por eso fue condenado.
Para el abogado defensor, la sanción a Musy se regía por motivos políticos y no jurídicos . A su juicio se ha tergiversado un proceso sancionador que está absolutamente medido y se han infringido garantías que tienen como único objetivo buscar la condena.
Finalmente, Rafael Musy agradeció a todas las personas que han creido en él su apoyo. Sobre todo a muchos agentes de la Policía Local, haciendo especial mención a José Antonio Cobo y a otros compañeros del Ayuntamiento y de otros organismos.
Musy criticó al equipo de Gobierno que, "haciendo acopio de una prepotencia y soberbia terrible ha utilizado su posición y sus cargos para fulminar a aquel resquicio sindical que podía hacerles daño dentro del Ayuntamiento en un conflicto policial".
Musy criticó el procedimiento sancionador en la Administración Local y en su propio caso señalando que "me parece muy triste que en el siglo XXI se de la circunstancia todavía de que sea la Alcaldía quien sea a la vez fiscal, juez y verdugo".
Además criticó la escasa especialización de la jurisdicción contencioso-administrativa.
Para el secretario comarcal de Unión Sindical Obrera, primero intentaron impedir las concentraciones de policías y no pudieron evitarlo.Luego pretendieron criminalizar a los agentes con un expediente en el ámbito penal y administrativo (en este último caso fue desestimada). Más tarde, la impotencia la deshaogaron con la el impago a los policías de las horas extraordinarias realizadas durante la pasada patrona a un buen número de agentes (este hecho fue estimado por la Justicia a favor del sindicato).Y todo ello unido a las actuaciones del presunto concejal llamado de la mano negra que, con una actitud vergonzante, pretendió dividir y coaccionar a los policías.
Por el camino se ensañaron con Rafael Musy buscando su aniquilación como funcionario, con tantas prisas que el instructor del equipo de Gobierno, el tesorero municipal, Casimiro López, asumió la acusación realizada por la alcaldesa, sin margen para valorar su propia acusación, lo que finalmente ha llevado a la nulidad de las actuaciones.
Para Sánchez Gil, con esta última sentencia quedfa una vez más en evidencia este equipo de Gobierno y especialmente el concejal de policía, Pedro Aguirre y la alcalñdesa, Blanca Rosa Gómez Morante. La falta de talnte negociador, el sectarismo y la metodología represora de quien se autocalifica de obrero es lo suficientemente importante como para que no permanezcan un sólo día más ostentand la representación ciudadana.
Por su parte el abogado defensor de Musy, Cristóbal Palacio Ruiz, explicó hoy que la sentencia no entra en el fondo del asunto. No cabe el argumento que utiliza el Ayuntamiento de que el sancionado se ha librado por un defecto formal sino que la situación es que el sancionado no debiera haber sido nunca condenado y que únicamente fue condenado porque se siguió un procedimiento tan limitado en sus garantías que no le dieron oportunidad a defenderse y por eso fue condenado.
Para el abogado defensor, la sanción a Musy se regía por motivos políticos y no jurídicos . A su juicio se ha tergiversado un proceso sancionador que está absolutamente medido y se han infringido garantías que tienen como único objetivo buscar la condena.
Finalmente, Rafael Musy agradeció a todas las personas que han creido en él su apoyo. Sobre todo a muchos agentes de la Policía Local, haciendo especial mención a José Antonio Cobo y a otros compañeros del Ayuntamiento y de otros organismos.
Musy criticó al equipo de Gobierno que, "haciendo acopio de una prepotencia y soberbia terrible ha utilizado su posición y sus cargos para fulminar a aquel resquicio sindical que podía hacerles daño dentro del Ayuntamiento en un conflicto policial".
Musy criticó el procedimiento sancionador en la Administración Local y en su propio caso señalando que "me parece muy triste que en el siglo XXI se de la circunstancia todavía de que sea la Alcaldía quien sea a la vez fiscal, juez y verdugo".
Además criticó la escasa especialización de la jurisdicción contencioso-administrativa.
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