El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Torrelavega, Pedro Aguirre Inchaurbe, ha informado hoy de una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 2, que ratifica la obligación a pubs y discotecas de instalar sonómetros.Esta resolución judicial es consecuencia del recurso interpuesto en 2008 por una treinta de hosteleros que rechazaron la instalación de estos sonómetros al considerar que la normativa sobre ruidos era ya bastante restrictiva, pues exigía la total insonorización de estos locales para poder abrir al público.
Además, los hosteleros se oponían a instalar estos aparatos, porque su coste era muy elevado, cerca de 2.000 euros y querían que el Ayuntamiento les permitiera instalar limitadores-registradores de sonidos mucho más baratos, cuyo precio podría rondar en torno a los 700 euros.
En la sentencia que ahora de la da la razón al Ayuntamiento, aunque puede ser recurrida por los hosteleros, se "clarifica" la aplicación de la normativa y se señala que, a partir de ahora, se procederá a notificar a los hosteleros la obligatoriedad de contar con los sonómetros, como ya han hecho los propietarios de otros locales de la ciudad.
Estos aparatos deben estar conectados con las dependencias municipales mediante un sistema telemático para tener constancia de las superaciones que se produzcan y para registrar y almacenar los datos sobre ruidos a fin de que sirvan como prueba a la hora de quejas vecinales o tramitar sanciones.
Además, la adquisición de los aparatos y su instalación debe ser costeada por los propietarios de los pubs o discotecas y deben acreditar una homologación según la normativa nacional.
Aguirre Inchaurbe ha explicado que la instalación de los sonómetros "es beneficiosa para los hosteleros y para los vecinos de los locales" y ha destacado que la única exigencia que tiene el Ayuntamiento sobre estos aparatos es que permitan la "comprobación telemática" de los registros, pero que cada hostelero tiene completa libertad para adquirir el modelo que estime oportuno.
Además, los hosteleros se oponían a instalar estos aparatos, porque su coste era muy elevado, cerca de 2.000 euros y querían que el Ayuntamiento les permitiera instalar limitadores-registradores de sonidos mucho más baratos, cuyo precio podría rondar en torno a los 700 euros.
En la sentencia que ahora de la da la razón al Ayuntamiento, aunque puede ser recurrida por los hosteleros, se "clarifica" la aplicación de la normativa y se señala que, a partir de ahora, se procederá a notificar a los hosteleros la obligatoriedad de contar con los sonómetros, como ya han hecho los propietarios de otros locales de la ciudad.
Estos aparatos deben estar conectados con las dependencias municipales mediante un sistema telemático para tener constancia de las superaciones que se produzcan y para registrar y almacenar los datos sobre ruidos a fin de que sirvan como prueba a la hora de quejas vecinales o tramitar sanciones.
Además, la adquisición de los aparatos y su instalación debe ser costeada por los propietarios de los pubs o discotecas y deben acreditar una homologación según la normativa nacional.
Aguirre Inchaurbe ha explicado que la instalación de los sonómetros "es beneficiosa para los hosteleros y para los vecinos de los locales" y ha destacado que la única exigencia que tiene el Ayuntamiento sobre estos aparatos es que permitan la "comprobación telemática" de los registros, pero que cada hostelero tiene completa libertad para adquirir el modelo que estime oportuno.
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