La dirección de Haulotte ha comunicado al comité de empresa su intención de proceder a la extinción de contrato de 28 trabajadores en la planta de Reocín, así como de elaborar un nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) que pretende se extienda a todo el año 2010, según ha informado hoy el sindicato USO.Actualmente la plantilla se encuentra inmersa en un expediente de regulación temporal de empleo desde el pasado mes de abril y que concluirá el próximo 31 de diciembre.
El comité de empresa (formado por UGT, USO y CC.OO.) se ha mostrado "absolutamente contrario" al plan de extinción de contratos pretendido por la empresa, además de ver "desproporcionado" un nuevo ERE que se extienda a todo el año 2010.
Además, según informó USO en un comunicado, el comité ha exigido hoy al grupo Haulotte "un plan serio de futuro" para la planta de Reocín y ha pedido a los trabajadores "calma" en estos difíciles momentos, a fin de intentar alcanzar un acuerdo con la dirección.
USO recuerda que esta empresa desarrolla su actividad en instalaciones de titularidad pública y ha sido receptora de "importantes ayudas".
En este sentido, el comité de empresa ha vuelto a solicitar al Gobierno cántabro la "fiscalización" de las ayudas públicas recibidas, ante la "posibilidad" de que ese dinero público sea utilizado en estos momentos para pagar indemnizaciones por extinción de contratos.
El comité de empresa (formado por UGT, USO y CC.OO.) se ha mostrado "absolutamente contrario" al plan de extinción de contratos pretendido por la empresa, además de ver "desproporcionado" un nuevo ERE que se extienda a todo el año 2010.
Además, según informó USO en un comunicado, el comité ha exigido hoy al grupo Haulotte "un plan serio de futuro" para la planta de Reocín y ha pedido a los trabajadores "calma" en estos difíciles momentos, a fin de intentar alcanzar un acuerdo con la dirección.
USO recuerda que esta empresa desarrolla su actividad en instalaciones de titularidad pública y ha sido receptora de "importantes ayudas".
En este sentido, el comité de empresa ha vuelto a solicitar al Gobierno cántabro la "fiscalización" de las ayudas públicas recibidas, ante la "posibilidad" de que ese dinero público sea utilizado en estos momentos para pagar indemnizaciones por extinción de contratos.


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