El Comité Ejecutivo de USO manifestó hoy que la petición realizada por la fiscal, durante el juicio por vertidos de Sniace, para que la empresa sea intervenida judicialmente es una muestra del doble lenguaje que mantiene las Administraciones con Sniace.Es difícil de conciliar y entender como una empresa a la cual se le ha otorgado recientemente la Autorización Ambiental Integrada por el organismo público correspondiente, es a su vez pretendidamente torpedeada en su línea de flotación, en nombre del interés general, por una representante del Estado.
USO, al igual que la mayoría de los cántabros, desea que las diferentes cuencas hidrológicas gocen de una situación medio ambiental adecuada. Para ello apuesta por que las diferentes presiones medio ambientales a las que son sometidas dichas cuencas, la ciudadana y la industrial, entre otras, se reduzcan y sean sostenibles.
Un ejemplo es Torrelavega, que con bastante retraso sobre el calendario legal previsto en los planes de saneamiento, sus 60.000 habitantes pudieron al fin depurar sus aguas. Por cierto, a nadie en su sano juicio le hubiera parecido razonable que fruto de ese retraso, motivado por razones técnicas y presupuestarias, se pretendiera condenar penalmente a su alcalde e intervenir el Ayuntamiento y menos aún una vez concluido el saneamiento.
Según USO, la empresa Sniace y sus trabajadores han demostrado objetivamente su interés por adaptar sus sistemas productivos. Los 70 millones de euros invertidos, y que han sido debidamente acreditados, no dejan lugar a dudas.
Más allá de las infinitas dificultades al tener que caminar sobre un alambre esta empresa que apenas hace una década estaba descapitalizada y ahora se ha enfrentado felizmente a la mayor inversión medioambiental privada de este país.
Tampoco hay dudas del importante interés social que sigue ostentando Sniace para los habitantes de su comarca, máxime en estos momentos de destrucción masiva de tejido productivo, y por consiguiente, de importante tensión social.
Por todo ello, en este momento, la petición de intervención judicial resulta incomprensible y frívola, salvo que el objetivo sea poner piedras en el camino al sembrar desconfianza, tanto en la sociedad como en los mercados, en torno al proyecto Sniace, con la utilización de una medida legal extrema, reservada a casos excepcionales, y que en absoluto se justifica en estos momentos como acredita la propia Consejería de Medio Ambiente de Cantabria al haber otorgado las AAI. Un doble lenguaje incomprensible.
USO, al igual que la mayoría de los cántabros, desea que las diferentes cuencas hidrológicas gocen de una situación medio ambiental adecuada. Para ello apuesta por que las diferentes presiones medio ambientales a las que son sometidas dichas cuencas, la ciudadana y la industrial, entre otras, se reduzcan y sean sostenibles.
Un ejemplo es Torrelavega, que con bastante retraso sobre el calendario legal previsto en los planes de saneamiento, sus 60.000 habitantes pudieron al fin depurar sus aguas. Por cierto, a nadie en su sano juicio le hubiera parecido razonable que fruto de ese retraso, motivado por razones técnicas y presupuestarias, se pretendiera condenar penalmente a su alcalde e intervenir el Ayuntamiento y menos aún una vez concluido el saneamiento.
Según USO, la empresa Sniace y sus trabajadores han demostrado objetivamente su interés por adaptar sus sistemas productivos. Los 70 millones de euros invertidos, y que han sido debidamente acreditados, no dejan lugar a dudas.
Más allá de las infinitas dificultades al tener que caminar sobre un alambre esta empresa que apenas hace una década estaba descapitalizada y ahora se ha enfrentado felizmente a la mayor inversión medioambiental privada de este país.
Tampoco hay dudas del importante interés social que sigue ostentando Sniace para los habitantes de su comarca, máxime en estos momentos de destrucción masiva de tejido productivo, y por consiguiente, de importante tensión social.
Por todo ello, en este momento, la petición de intervención judicial resulta incomprensible y frívola, salvo que el objetivo sea poner piedras en el camino al sembrar desconfianza, tanto en la sociedad como en los mercados, en torno al proyecto Sniace, con la utilización de una medida legal extrema, reservada a casos excepcionales, y que en absoluto se justifica en estos momentos como acredita la propia Consejería de Medio Ambiente de Cantabria al haber otorgado las AAI. Un doble lenguaje incomprensible.
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